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Tras la audiencia pública en Jesús María, la justicia suspendió el desalojo a la comunidad.
Actualidad13/08/2022Con el acompañamiento de científicos, docentes, referencias sociales y el INAI, la comunidad Comechingón que habita ancestralmente los territorios aledaños a El Manzano, logro revertir lo que parecía irreversible. el Juez de 1º Instancia de Jesús María, Luis Belitzky, puso en "Pausa" la sentencia de desalojos que pesa a favor de Luis Ramonda, descendiente del fundador de "La Voz del Interior".
Desde 2015, el portador del apellido ligado a la rancia oligarquía cordobesa, viene litigando en la justicia para quedarse con los territorios de la comunidad. Pero desde antes, se sucedieron hostigamientos por parte de empleados de Ramonda, para que los legítimos habitantes de esas tierras, las abandonen. De hecho, varias familias originarias, no pudieron resistir a las agresiones permanentes, y por temor a perder sus propias vidas, decidieron abandonar el lugar. Tres familias, continuaron con la resistencia para hacer valer su derecho constitucional y lograron la medida.
Carlos López, newen de esta comunidad, expresó en la audiencia que su familia "vive ahí desde siempre, por generaciones”. Y hace décadas sufren amenazas para que abandonen ese territorio de 166 hectáreas, según consta en el Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La resistencia de la comunidad, no solo es a la embestida judicial, en efecto, desde hace décadas, vienen sufriendo desde el robo de animales, disparos con armas de fuego e incluso casos de abusos sexuales.
En la audiencia del 21 de julio, se presentaron abundantes pruebas que incluyen informes arqueológicos y antropológicos. También un mapa donde investigadores del Instituto de Antropología y del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la comunidad, relevaron el territorio dando cuenta de las dimensiones reales del lugar. Y demarca la porción en disputa, de 166 hectáreas, confirmada por el Relevamiento Territorial del INAI.
La suspensión del desalojo, significa “que el juez entendió que se provocaría un perjuicio evidente de continuar la ejecución si existen circunstancias que, revisadas en segunda instancia, demuestran ser desajustadas a derecho” explica Natalia Bilbao, abogada de la comunidad.
En la audiencia, se exigió “el inmediato cumplimiento de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena”. Y se sostuvieron argumentos desde las perspectivas histórica, antropológica y jurídica. Los testimonios, ratificaron la validez probatoria de dichos argumentos, entre ellos referentes del INAI y de Acceso a la Justicia. Antropólogos como José María Bompadre y Fabiola Heredia (Directora Museo de Antropología), junto a historiadores originarios como Pablo Reyna, de la comunidad comechingón Timoteo Reyna, y Cristian Bustos, de la comunidad Sanaviron Mampa Sacat, entre muchos otros referentes indígenas.
Ahora, cabe esperar la resolución de la Cámara de Apelaciones a los recursos presentados. Pero, por el momento, se logro una pequeña victoria.
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