Muros que separan países: ¿cuáles son los resultados?

El anuncio por parte de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ante el Parlamento, sobre su intención de levantar en el plazo de dos años, una doble reja perimetral divisoria en la frontera entre su país y la República de Haití, para terminar con los problemas que significan la inmigración ilegal, narcotráfico y el tránsito de vehículos robados, con lo cual a su criterio, con este refuerzo en sectores conflictivos, se reducirían los delitos en la zona.

En su primer discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente manifestó que la intención de su gobierno es poner fin a los problemas de inmigración ilegal y otras graves acciones delictivas que sufrimos desde décadas y fundamentalmente proteger nuestra integridad territorial, que buscamos desde los años de nuestra independencia nacional.

Este anuncio reabre y actualiza el debate sobre la validez de una medida de tal magnitud, que involucra a ambas naciones , sobre si esta decisión procede y si , sobre todo, servirá para resolver los problemas de ilegalidad y delictivos son invocados.

La factibilidad y sobre todo la inmediatez del comienzo de las obras de esta verja perimetral, tal como se la denomina por sus características físicas, actualiza un tema que ha generado posiciones a favor y en contra y que, en los últimos años, ha reavivado la polémica con el presidente actual de Haití, Jovenal Moïse.

Tanto Luis Abinader como Jovenal Moïse. manifiestan que a ambos les mueve “la defensa de los intereses de sus respectivos países, la protección de su territorio y de sus ciudadanos “.

Moïse sostiene que “Soy el presidente de Haití, me interesa proteger a los ciudadanos en Haití, trabajar por el desarrollo de mi país, porque los 27.750 kilómetros de tierra y casi 90.000 kilómetros de mar se respeten, porque es lo que dice la Constitución”.

En este sentido, se han pronunciado representantes de partidos políticos dominicanos, asegurando que un muro o valla o reja perimetral, no resolverá los problemas invocados por el presidente Abinader, para justificar la construcción de un supuesto obstáculo físico, y que sería positivo que ambos gobiernos pusieran énfasis y empeño en crear mejores condiciones de vida y trabajo para sus ciudadanos, lo que reduciría en gran medida las situaciones de delitos como las que se describen.

República Dominicana - Haití

Historia de un conflicto

La Hispaniola según la denominó Colón en 1492, ha sido durante mucho tiempo una isla dividida, colonizada por España, hasta que en 1697 cedió a Francia la porción de la isla conocida hoy como Haití, que se convertiría en una de las más ricas colonias del mundo basada en su economía agrícola y las grandes cantidades de esclavos africanos transportados a su territorio

Haití se convirtió en la primera colonia de ultramar en rebelarse contra Francia, cuando se declaró independiente en 1804.

El otro lado de la isla, llamado Santo Domingo, fue gobernada por Haití durante 22 años, hasta proclamar su independencia el 27 de febrero de 1844, cambiando su nombre por República Dominicana.

En 1960 los dos países tenían el mismo PIB per cápita, según el Banco Mundial. Actualmente el PIB de República Dominicana per cápita es siete veces mayor que el de Haití, el país más empobrecido de la región.

La economía de la República Dominicana está impulsada por los servicios e industrias como el turismo, explotando sus bellezas naturales y una buena red de carreteras en todo el país.

Haití depende de la agricultura y no ha desarrollado la industria turística, además de sufrir catástrofes naturales como terremotos de gran magnitud, el paso de huracanes devastadores e incluso epidemias, como la de cólera. Haití no posee fondos para dar

respuesta a desastres ni para mejora de infraestructuras en zonas de riesgo

Estas diferencias generan situaciones de desigualdad que no se resolverán con muros o rejas, que lejos de evitar los delitos invocados por el presidente dominicano, son la prueba evidente de las incapacidades de ambos gobiernos para resolver problemas urgentes en materia de condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos y la ausencia de políticas de complementariedad en diversos ordenes entre los gobiernos de ambas naciones