
Desde la gestión municipal de Esteban Aviles hasta la actual, esa parece ser la consigna.
Trabajadorxs de la COOPI se encadenan frente a la Legislatura provincial en defensa de los puestos de trabajo.
Desgüazar "La Coopi"17/02/2021La avanzada de la municipalidad de Villa Carlos Paz para destruir 57 años de construcción colectiva que sintetiza “La Coopi”, sintoniza las políticas neoliberales del cordobesismo. La lucha de los y las trabajadoras de la cooperativa, tienen la potencia de los derechos laborales y la calidad de servicio. Esas, son las dos caras de este conflicto
Desde horas muy tempranas, la legislatura provincial cambio su fisonomía. Trabajadores y trabajadoras integrantes de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (Coopi) en conjunto con Sipos, se encadenaron para obtener una respuesta del poder político provincial.
El próximo 26 de febrero, es la fecha limite para que la municipalidad serrana, avance con su plan de entregar la prestación del servicio, previa municipalización, a quienes hacen negocio con los derechos esenciales del pueblo.
El delfín de Aviles en la conducción comunal, Daniel Gomez Gesteira, quiere dar continuidad a la política de destrucción de “La Coopi”. No se trata solo de un negocio, se trata de que no cunda el ejemplo de la gestión colectiva eficiente, de calidad y que garantiza los derechos laborales y de servicio. Por eso, el ejecutivo provincial avala con su silencio, y seguramente participa, del negociado que se esconde bajo una supuesta municipalización.
Los y las representantes del pueblo en el poder legislativo, deben dar una respuesta inmediata ante tamaña injusticia. El estado provincial, debe exigir una mesa de dialogo para sortear el conflicto que generó la municipalidad de Villa Carlos Paz contra la voluntad de la mayoria de los habitantes de la ciudad serrana.
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Para poner en la infancia y en la adolescencia la responsabilidad de los dolores de un país atravesado por la indolencia y la crueldad institucionales.
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El Servicio Penitenciario hizo el traslado entre gallos y medianoche. Los organismos de derechos humanos denuncian que se trata de una maniobra para privilegiar a los criminales de la última dictadura.
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