Luis Aubrit
Desde aquel 16 de enero de 2016, pasaron seis años. Pero, desde la asunción del gobierno popular, más allá de lo discursivo, no se avanzó en nada para reparar la injusticia.
Sin dudas que el procedimiento de Lawfare aplicado por el neoliberalismo que, como verdadera organización criminal, comando el saqueo y la persecución de nuestro país, cobró su víctima más destacada.
Milagro Sala, es un símbolo de organización popular para recuperar derechos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Pero, también “podría” ser un símbolo de democracia si el gobierno de Alberto Fernández, mediante la potestad que le otorga al ejecutivo la legislación vigente, produjera su inmediata liberación.
Preocupa profundamente que, a dos años de asumir, solo haya expresiones discursivas sobre su injusta prisión. Las negociaciones que realiza el ejecutivo por vía institucional con el gobernador neoliberal de Jujuy, no pueden estar cimentadas en acto de cruel injusticia que se sostiene en el tiempo.
Cuando un gobierno nacional y popular asume el mandato, debe escuchar principalmente al sector que promovió su elección en primerísimo termino. En el caso de Milagro Sala y demás presos y presas políticas de nuestro país, como en la situación de Vicentín, se preocupa más por “el qué dirán” los sectores de la reacción que en responder al pueblo.
Esta situación que se prolonga en el tiempo, es advertida por una serie de dirigentes funcionarios, e incluso gobernadores, que reclaman por su inmediata libertad. La solicitada con infinidad de firmas, declama que “Con presos políticos, no hay democracia plena.
Al buen entendedor, pocas palabras.
