Los negocios de Juan

Desde la certeza que las quemas de bosques nativos, fueron promovidos por negocios inmobiliarios y agrarios, ahora se suma el proyecto que busca aprobar la legislatura cordobesa referido a los biocombustibles. 

Llamó la atención, que los diputados nacionales de una de las provincias que mas sufre la destrucción de bosques nativos por el fuego, no votaran positivamente en la modificación de la ley de manejo contra el fuego. Y puntualmente, en el art. 22 que refiere a la imposibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios o agrarios durante treinta años en las tierras quemadas. Pero, conociendo la adhesión del gobernador cordobés a las corporaciones del agro y su sometimiento al G6, comienza a cobrar sentido el voto en diputados y la ley que busca aprobar la legislatura en torno al negocio del biocombustible. 

Diversas organizaciones de lucha por el cuidado del medioambiente, emitieron un duro comunicado que denuncia la maniobra que se está orquestando desde el gobierno de Schiaretti para favorecer el negocio de sus grupos amigos.

El comunicado expresa: 

Ley de Promoción de Aprovechamiento y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía
La legislatura de Córdoba se apresta a sancionar una Ley de promoción y desarrollo para la producción y el consumo de biocombustible la misma ha sido presentada con un pomposo barniz verde o “ambiental” pero en realidad se trata de una ley que tiene como único objeto el poner todos los recursos del estado para garantizar un multimillonario negocio privado; y uno de los principales beneficiarios de este proyecto será el contaminador Porta Hermanos, empresa que además está en Concurso Preventivo de Acreedores y continúa con un proceso judicial aún no resuelto.
Que la ley está hecha a la medida de los negocios queda más que claro cuando recorremos el articulado donde se repiten palabras como incentivar, fomentar, promover, colaborar, estimular, impulsar… un conjunto de eufemismos que indican que se va favorecer al sector productor de biocombustibles con eximiciones impositivas y subsidios como los que ya acumula el agronegocio con la ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, Ley Agroforestal y emergencias agropecuarias, entre otras. Para que no quede duda, el proyecto se remata en su artículo 13 donde se plantea fijar a través del presupuesto las partidas necesarias a los fines de respaldar económicamente la ejecución de las acciones y programas que favorezcan el negocio.
Pero claro que no solo se piensa en subsidios en dinero, sino que también el estado pondrá al servicio de los negocios privados la educación, la ciencia y la tecnología. Es así que el proyecto insta a “fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y social y las acciones de transferencia de conocimientos y tecnología a los sectores privados”, destinándole líneas prioritarias de financiamiento. Y aún más, el art. 9 expresa:
“El Poder Ejecutivo deberá incentivar, a través de organizaciones y planes específicos, la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en todos los aspectos asociados a la producción de biocombustibles”
Más allá de todas las afirmaciones sobre el cuidado del ambiente, el proyecto carece de cualquier planteo de preservación del mismo.
El maíz, que es el principal insumo para la producción de biocombustible en la provincia, es parte de los paquetes tecnológicos agrícolas transgénicos que provocan contaminación y daños a la salud. El proyecto nada dice de cómo es producido ese maíz, a fuerza de uso masivo de agrotóxicos, expansión de frontera agropecuaria y desmontes, y así somete a toda la provincia a convertirse en una gigantesca fábrica agrobiotecnológica tóxica y transgénica.
Por estos días se dio a conocer un estudio sobre el agua potable en Marcos Juárez que revela la presencia de 7 agrotóxicos con las consecuencias que esto implica para la salud. Cabe decir que Marcos Juárez se destaca en la provincia por tener los mayores rindes en maíz y soja.
En todo el proyecto no especifica sobre los estándares ambientales que se requieren para la producción y apenas menciona que tienen que ser incluidos, pero sin reglas técnicas. El proyecto tampoco requiere la Evaluación de Impacto Ambiental para estas actividades contaminantes (cuando una estación de servicio tiene que cumplirlo, las plantas de biocombustibles estarán eximidas al igual que las fumigaciones) tal como lo indica la Ley General del Ambiente para una adecuada política ambiental. Tampoco se habla de licencia social, ni de audiencias públicas, como lo establece la ley de política ambiental de la provincia. Nos preguntamos entonces: ¿reemplazarán con normas ISO de certificación de procesos los más altos estándares para la protección de la salud y el ambiente? Creemos que nada de esto figura en la ley en concordancia con la experiencia de uno de los principales exponentes de este negocio y al que la ley busca beneficiar, tal como es el caso de Porta hermanos, intocable por sus “certificaciones de calidad” y su irónico estándar de “empresa B”.
Porta viene envenenando a los vecinos y vecinas de Córdoba desde hace una década y los daños a la salud que ha ocasionado la producción de bioetanol están más que demostrados. Porta funciona ilegalmente, sin estándares ni controles de la contaminación del aire, ni mucho menos vigilancia epidemiológica. Como si fuera poco, las plantas destilería que ha construido en otros lugares, tales como las Mini-Dest en Santiago del Estero, o la de ACABIO en Villa María, demuestran que el riesgo de incendio y explosiones es altamente probable, con incluso pérdida de vidas humanas. El proyecto nada dice sobre las condiciones de localización de estos emprendimientos, y medidas para que se proteja efectivamente la salud de la población y la biodiversidad.
Ahora el gobierno de Schiaretti envía este proyecto a la legislatura en consonancia con una política del gobierno nacional (chancheras, megaminería, trigo transgénico etc.) que refuerza el extractivismo y el saqueo de nuestros territorios en pos del ingreso de divisas para el pago de la fraudulenta deuda externa. Pero a la hora de transformar a la provincia toda en una zona de sacrificio ambiental los partidos patronales no tienen grietas: el bloque schiarettista en la legislatura no está solo, cuenta con el apoyo del bloque radical y de cambiemos como ya ocurrió con la Ley Agroforestal y la Ley de “Buenas Prácticas Agropecuarias “. 
Rechazamos esta propuesta porque tras la farsa verde y el maquillaje ambiental, esconde un proyecto meramente productivista y extractivo, para beneficio del lobby maicero y etanolero de la provincia y la profundización del agronegocio. Convocamos a la ciudadanía a informarse y debatir en serio las propuestas de una transición energética con equidad socio- ambiental y no con más saqueo y destrucción de nuestros bienes comunes.

Algunas firmas:

Tribuna Ambiental
Comisión de Apoyo al Juicio causa madre Ituzaingó anexo
Soledad Díaz García, Legisladora Provincial PO – FIT
Silvia Cruz, v.u.d.a.s Fuera Porta
Prof. Mauricio Berger, Área Estado Ciudadanía y Justicia Ambiental- IIFAP FCS UNC
Prof. Cecilia Carrizo, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública-FCS-UNC
Prof. Milena Paponi, Tribuna Ambiental- Tribuna Docente
Pablo Sigismondi, Geógrafo
Adrian Flores, Tribuna Ambiental
Virginia Toledo López, Indes Unse-Conicet
Rosa Montoya, Comisión de Apoyo al Juicio causa madre Ituzaingó anexo
Susana Rins, Directora escuela municipal, delegada SUOEM
Oscar Salzgeber, Guardaparque municipal
Martin Gamrom, Tribuna de Salud directivo UTS
Venceremos Partido de Trabajadores
Victoria Feininger, UJS
Viviana Paredes, Tribuna Ambiental

En tanto, quienes desean adherir pueden hacerlo en: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSffRhpzEs1XHM.../viewform