Luis Aubrit
En un extenso comunicado que lleva la firma de Manuel Trufó por el CELS y Maria Ines Peralta como decana de la facultad de sociales, interpelan al gobernador cordobesista “Nos dirigimos a Usted en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba y las organizaciones firmantes para transmitirle nuestra preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses y solicitar información sobre la adopción de medidas de fondo orientadas a controlar y profesionalizar esta fuerza policial”
Desde las instituciones firmantes, cuestionan la falta de información oficial y hacen un pormenorizado detalle de los numerosos hechos de violencia institucional, haciendo especial incapie en la estigmatización de jóvenes de barrios populares y del uso letal de la fuerza por parte de uniformados. Situación que se ve agravada en el marco de la pandémia que “profundizó las prácticas de violencia institucional tanto de la Policía de la Provincia de Córdoba como en todo el territorio nacional debido a las facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad”
“Desde que se decretó al Aislamiento Social Obligatorio se han denunciado siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con particulares muertos: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado4; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías5.Y en la Ciudad de Córdoba, el pasado 6 de agosto a lamadrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un pibe de 17 años que viajaba en auto con sus amigos. Al pasar por un control policial fueron baleados y una de esas balas impactó en la espalda de Blas. Mientras sus amigos intentaban llevarlo a un hospital, fueron interceptados por otros oficiales en la esquina de Chacabuco y Corrientes, donde se da cuenta del fallecimiento. El mes de agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, el lunes 31 a la noche, de acuerdo con la versión policial, un hombre habría huido por el descampado en una persecución policial y se produjo un “disparo accidental”. Por este hecho fue detenido e imputado el sargento primero Marcelo Barrionuevo. A estos casos fatales debemos agregar un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo) 7 y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco8, donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro. Todo esto da cuenta de que el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad, constituye una práctica abusiva y reiterada por parte de integrantes de la policía cordobesa”
En un apartado del texto, muestran el beneplácito por las declaraciones del ministro de seguridad, en relación a una renovación integral de la fuerza y “acercan” algunas propuestas para preservar los derechos de la ciudadanía y las condiciones laborales del personal policial.
Texto completo
