redacción Tinku ComunicacionesEl procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el magistrado Calderón. Sin embargo, referentes y pobladores de la zona señalaron que la medida se ejecutó a pesar de graves irregularidades previas, como la utilización de planos con errores técnicos reconocidos por organismos provinciales y sin respetar el derecho a la posesión comunitaria de la tierra.
Previo a concretar la expulsión de las familias de sus tierras ancestrales, efectivos de la policía provincial desplegaron un fuerte operativo que derivó en momentos de extrema tensión y represión. Integrantes de la comunidad criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad: «En vez de cuidarnos, nos reprimen con palos y balas», manifestaron con indignación ante el saldo de personas heridas y la situación de vulnerabilidad en la que quedaron niños, adultos mayores y trabajadores locales.
Ante el avance del operativo, las comunidades originarias de la región emitieron un llamado urgente dirigido a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y al público en general.
El objetivo principal es romper el cerco informativo, visibilizar la gravedad de la medida adoptada por la justicia jujeña y exigir el cese inmediato de la persecución y criminalización contra los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales.
