El nombramiento del hijo de Alberto César Barbich, activo defensor de la represión militar y quien negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés, reactivó los cuestionamientos en la designación de funcionarios con vínculos con la dictadura.
Actualidad26/01/2026
redacción Tinku Comunicaciones
El ministro de Defensa, Carlos Presti, nombró al contraalmirante Pablo Javier Barbich al frente de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas. Desde ese cargo, Barbich -que es hijo de Alberto César Barbich, defensor ferreo de la represión militar y quien murió impune en 2022- tendrá a su cargo la relación con la Secretaría de Inteligencia del Estado.
La designación se produjo en pleno debate por la reestructuración del sistema de inteligencia que el presidente Javier Milei dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941), firmado el 31 de diciembre. La oposición en el Congreso impulsa su derogación.
Barbich fue ascendido a contraalmirante en diciembre de 2025 y cuenta con antecedentes de vinculación internacional. Entre 2018 y 2019 se desempeñó como enlace de la DNIEM (Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar) en Estados Unidos.
Durante ese período, en 2019, realizó el curso sobre redes transnacionales ilícitas en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos, institución a la que también asistieron referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Victoria Villarruel, Agustín Laje y Nicolás Márquez.
Desde la organización H.I.J.O.S. repudiaron la designación de funcionarios con vínculos con la dictadura. En ese marco indicaron que Pablo Javier Barbich fue designado por Carlos Alberto Presti, hijo del genocida Roque Carlos Presti, muerto impune: "Ni Presti hijo ni Barbich hijo se pronunciaron públicamente para diferenciarse de las ideas y prácticas de sus padres".
Barbich padre se desempeñó como Director de Instrucción Naval, posición desde la cual ejercía la jefatura directa sobre los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país. Su nombre, de hecho, figura en los archivos de los organismos de derechos humanos como co-responsable de la estructura represiva que dependía de la fuerza naval.
También se destacó por su activismo político en democracia para frenar los juicios de lesa humanidad. En 1987, fue firmante de una solicitada junto a otros 88 almirantes -incluido el abuelo de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel- donde reivindicaban lo que denominaban una "guerra legítima" y aseguraban que la fuerza había actuado de manera orgánica, rechazando la revisión judicial de los hechos.
Años más tarde, presidiendo el Grupo de Almirantes Retirados, emitió declaraciones repudiando los procesos por el robo de bebés, calificando al plan sistemático de apropiación como "inexistente" y denunciando una supuesta "complicidad ideológica" en los poderes del Estado.
Su hijo, ahora al frente de lnteligencia Militar, nunca se distanció de las declaraciones de su padre ni repudió la tortura y desaparición de personas durante de la última dictadura cívico militar.
Los nombramientos de funcionarios con vínculos con la represión militar, resulta una línea constante dentro de la administración de La Libertad Avanza. Ante estos antecedentes, colectivos como Historias Desobedientes continúan exigiendo que los funcionarios con estos linajes fijen una postura clara de repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura argentina.
Fuente: LM
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